La querella contra el capitán marítimo de Eivissa agita las aguas


La querella de AQUABUS contra el capitán marítimo de Eivissa, LUIS GASCÓN, ha abierto la caja de los truenos y ha revuelto las aguas en los ambientes portuarios de Eivissa; máxime cuando ha coincidido con la enésima exigencia desde Formentera -en boca de su nueva presidenta, Ana Juan- para racionalizar el tráfico marítimo con Eivissa a la vez que ha anunciado “nuevas vías” para hacerlo. AQUABUS oferta pasajes con Formentera a menos de la mitad de precio que BALEÀRIA y TRASMAPI y se publicita como “low cost”.

El hecho central de la querella sería que el capitán marítimo aplica a AQUABUS la reglamentación relativa a restricciones de determinado tipo de embarcación a prestar servicios regulares solo con buen tiempo y en periodos restringidos. Ello haría inviable las operaciones de esta naviera como línea regular, lo que reclaman sus competidoras BALEÀRIA y TRASMAPI, que quedan en evidencia con los precios ofertados por la pequeña AQUABUS.

Y es que la modesta naviera ibicenca AQUABUS, hastiada de ser "frita" a denuncias y expedientes, ha llevado al capitán marítimo de Eivissa, LUIS GASCÓN, a los tribunales; en marzo deberá declarar como investigado por un delito de prevaricación como consecuencia de la querella formulada por la pequeña naviera. El asunto tiene todos los elementos: el abogado de AQUABÚS es el mediático Pedro Horrach, que saltó a la fama como fiscal en el juicio en el que acabó condenado el entonces yerno del Rey. 

La querella y su anuncio ha ocasionado revuelo pero ha tenido sordina: solo dos medios independientes, este blog y el digital NouDiari, se han hecho eco de ella, lo que da buena cuenta del entramado de intereses que se mueven en el puerto de Eivissa. GASCÓN habría dictado “sanciones y resoluciones arbitrarias” sobre los permisos de navegación de los barcos de Aquabús, “a sabiendas de que dichas resoluciones eran injustas y contrarias a la ley”, según sostiene el abogado. La naviera se habría enfrentado, además, a una “vigilancia extrema” de sus actividades por parte del capitán marítimo, quien podría haber puesto “obstáculos” y generado “retrasos para obtener permisos de navegación” en la ruta regular entre Eivissa y Formentera. Según la querella, esto generó sanciones reiteradas e incluso la paralización de la actividad de algunos de sus buques.

Lo que sí ha hecho el asunto es sacar a la palestra la situación de inseguridad jurídica en la que se mueve todo lo referido a la línea de Formentera. Así en el blog ferrybalear.com (¡pese a no dar cuenta de la noticia”), se recogen opiniones que salen en defensa del capitán marítimo y que constatan el desvarío normativo que afecta a la línea con Formentera, regulada, entre otras por la ley de Transporte Marítimo de Baleares que el Govern parece incapaz de aplicar cuando se trata de la obligatoriedad de prestar servicio todo el año, como se ha acreditó con la irrupción y huída empresarial de FRS.

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